Las consideraciones que sobre el problema se han hecho parten fundamentalmente de dos aspectos. El primero, relacionado con la alteración y la perturbación del orden, pues “las personas han ocupado el predio de manera ilegal”. El segundo, relacionado con apreciaciones de orden estético, pues, para algunos, el paisaje de la ciudad se afea con el crecimiento de los asentamientos. En ambos casos, no se tiene en cuenta lo que a mi modo de ver es lo fundamental: la negación y la vulneración histórica y persistente de los derechos sociales y económicos, la desigualdad social propia del modo actual de producción, la marginación y la exclusión de las clases empobrecidas.

Un primer paso para abordar el problema, como se debe, radica en el reconocimiento de la integralidad del mismo. La precariedad en el acceso a vivienda y las necesidades habitacionales insatisfechas representan uno de los problemas más graves en el mundo, directamente asociado a la falta de oportunidades de empleo digno y, en general, a los factores determinantes y estructurantes de la pobreza. Según ONU Hábitat, un tercio de la población mundial vive en asentamientos informales. Para el caso de Colombia, el DANE (2020)  reportó una cifra de 5.144.445 hogares que padecen déficit habitacional. Para el caso de Manizales la realidad no es diferente, según el informe de calidad de vida elaborado por Manizales cómo vamos (2019) en el año 2018 habían en Manizales 22.220 hogares con déficit habitacional: 5.163 en déficit cuantitativo y 17.057 en déficit cualitativo,  lo cual ha podido aumentar si se tienen en cuenta los efectos de la pandemia y la actual situación económica del país.

Reconocer el problema implica reconocer a los protagonistas del mismo; reconocerlos como sujetos de derechos con capacidad y con agencia para establecer un diálogo con las entidades gubernamentales; reconocerlos como interlocutores válidos y legítimos para discutir y participar en la toma de decisiones que les afectan; esto es, todo lo contrario a lo que ha hecho la Alcaldía de Carlos Mario Marín, que con su prolongado silencio se ha negado a establecer una mesa de trabajo y concertación entre las autoridades civiles y las comunidades afectadas, que conduzca a una solución colectiva y pacífica.

Un segundo paso, derivado del primero, radica entonces en asumir el problema de acuerdo a la naturaleza de sus causas originadoras. El problema del déficit de vivienda urbana tiene que ver, como ya se dijo, con la pobreza y la desigualdad social. Amplia literatura se ha elaborado al respecto, incluso la Corte Constitucional ha reconocido -al referirse a este tema- los problemas sociales y económicos que padecen las personas y las familias que se ven obligadas a ocupar terrenos ajenos.

  Cambiar la perspectiva y el modo de abordar el problema permitirá superar la fallida e injusta estrategia basada en la persecución y la criminalización de las familias pobres que habitan en los asentamientos informales. Desde el primer momento, la Alcaldía de Manizales delegó en la unidad de seguridad ciudadana el tratamiento del problema, como si se tratara de un asunto de seguridad. Recientemente, tuvimos conocimiento de una denuncia instaurada por la Secretaría de Hacienda de Manizales ante la Fiscalía General de la Nación en contra de 111 personas habitantes del asentamiento del alto Samaria, por el supuesto delito de “invasión de tierras”, lo cual contradice claramente lo ordenado por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Manizales en sentencia de tutela del 2019, al ordenar al municipio una serie de medidas encaminadas a atender integralmente las necesidades sociales de las personas de los asentamientos.

El 28 de marzo de 2021, el sociólogo estudioso de la pobreza y la marginalidad en los guetos de Estados Unidos, Löic Wacquant, dijo, en un discurso en La Plata, Argentina que “La penalización de la pobreza es, en definitiva, un abandono del proyecto de sociedad democrática”. No habrá democracia sin diálogo. No habrá paz sin justicia social.